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Mercado de alquiler en baja |
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 Desde hace tres años, Juan Moreno vive alquilado en la urbanización Nueva Casarapa, de Guarenas. Luego de comenzar pagando Bs 400 mil por arrendamiento, pasó a pagar Bs 500 mil, hasta que este año la propietaria del apartamento le está exigiendo desocupación, vencido el contrato, debido a que tiene pendiente una negociación con otro inquilino a quien espera solicitarle una renta de Bs 1,5 millones mensuales.
Aunque Moreno se encuentra en búsqueda de otra vivienda, expresa que la situación no es fácil, pues no hay ofertas de alquiler en Nueva Casarapa, ni otras zonas aledañas. "He estado buscando en Guarenas y Guatire, pero no me puedo meter en cualquier parte. En verdad no deseo ir a una barriada", dice Moreno al afirmar que se encuentra en la búsqueda de un hogar digno para su esposa e hija menor. Al igual que Moreno, muchas personas del eje padecen por la escasez de ofertas de viviendas para alquilar.
Según Juan González, director de la Inmobiliaria Century 21 en la zona, por lo menos 150 personas al mes acuden o llaman a las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Vista Place de Guatire, para solicitar ofertas de alquiler. En contraparte, señala que sus oficinas tienen entre 45-60 días que no cierran contratos de alquiler. Mientras en lo que va de año, las dos oficinas de Century 21, ubicadas en Guatire, han cerrado unos 20 contratos de alquiler. El año pasado la cifra se mantuvo en niveles similares, lo que explica que la depresión que sufre el mercado se ha venido gestando en los últimos años.
Agrega González que debido al temor que han generado los anuncios de cambios de leyes por parte del Gobierno central, propietarios de inmuebles se han visto presionados hacia la venta de sus apartamentos o casas, haciendo que decline mucho más la oferta para alquileres.
De la poca oferta que se produce en zonas catalogadas como clase media, éstas se encuentran dirigidas hacia personas con perfil ejecutivo o que por lo menos no tengan hijos menores. Ello para evitar que intervengan leyes de la Lopna o de protección, al momento de solicitar la desocupación.
Cuenta González, que de las últimas negociaciones de alquileres que se manejaron por su oficina, éstas fueron establecidas con empresas que buscan vivienda para su personal que trabaja en áreas como ascensores, almacenaje, petroleras y de ve- hículos.
"No tenemos por zonas sino por capacidad de pago puntual. Lo más económico que hemos tenido últimamente es de Bs 1,2 millones en una apartamento de dos habitaciones en Nueva Casarapa".
Según la regulación de alquileres surgida hace unos 6 años, los precios de arrendamiento están congelados. No obstante, los contratos de arrendamiento con nuevos inquilinos pueden ser establecidos según los precios pactados. Esta movilidad en los precios es una de las razones para que hayan proliferado contratos de alquiler que duran seis meses, con 6 meses prorrogables.
Para asesores inmobiliarios, la alerta sobre una posible nueva modificación de precios de alquileres es lo que viene propiciando menores ofertas, y por consiguiente el aumento de precios en las pocas que se producen en el mercado, frente a la larga lista de espera de personas que demandan estas alternativas habitacionales.
De hecho, aseguran que las ofertas de alquileres ya no están saliendo en la prensa, sino que se propagan de boca en boca. "El negocio de alquileres es una cuestión de confianza entre las partes", indicó uno de los corredores consultados.
Reina Porto, directora municipal de Inquilinato, estimó que unas 12 mil viviendas se encuentran en alquiler en Guarenas, luego de la compra que hizo el Gobierno de éstas en el 2005. |
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Invasores siguen levantando casas en zonas de alto riesgo |
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 Sacos llenos de arena, piedras, palos, alambre y zinc son algunas de las herramientas que los habitantes de la comunidad Juan Vicente Bolívar utilizan para detener el terreno que poco a poco se les viene encima.
Más de 40 familias se han instalado en esta zona ubicada en la carretera que sube hacia El Junquito y cuentan con documentos que certifican su situación de alto riesgo, entregados por Protección Civil (PC).
A pesar de esto, continúan levantando sus casas inestables, "porque no tenemos dónde vivir", aseguran los habitantes de la comunidad.
Las lluvias se han convertido en su primer enemigo. La pendiente cede con cada aguacero y las casas construidas con láminas de zinc están a punto de caerse. "Acá han venido los representantes de las alcaldías, PC y hasta topógrafos, porque supuestamente se va a realizar un proyecto de vivienda para nosotros en esta zona", comentó Leonela Ocampo, representante de los vecinos.
Los desagües de aguas negras también forman parte del problema, que ha venido socavando parte del terreno, que de por sí ya es inestable.
Aprovechadores de oficio. Los invasores del barrio "Colinas del Pinar", de la Cota 905, se encuentran en una situación similar a los de El Junquito. Ayer en horas de la mañana, un tractor y un camión contratados por los vecinos, se observó recogiendo parte de un terreno que se había desplazado producto de las lluvias. El deslizamiento se llevó parte de una escalera improvisada construida por la comunidad y ocurrió cerca de las viviendas.
Para el director general de PC, Igtagmalk Guédexz, estos invasores están "completamente fuera de orden, porque están haciendo un daño ecológico al terreno, que con las lluvias podría convertirse en una vaguada que afecte a los edificios cercanos". Aseguró que son aprovechadores de oficio, que deben ser desalojados porque "ya hay cuatro tribunales que lo dicen".
SIN DERECHO A VIVIENDAS
A principios de este mes, el jefe del Área de Planificación de Emergencia para Casos de Desastre de los Bomberos Metropolitanos, José Luis Crespo, aseguró que los invasores de terrenos quedarán fuera de los planes de vivienda del Estado. Esta medida será aplicada a los habitantes de terrenos como el de la Cota 905. El comandante Delio Martínez del mismo cuerpo de emergencia, comentó que estas personas se encuentran en alto riesgo y aún así continúan ocupando estos terrenos inestables.
Las invasiones ilegales se encuentran penadas por el Decreto 2166 del año 2002, el cual dice que las personas que realizan esta actividad sean registradas y se les abra un expediente, datos suficientes para no ser considerados en planes de viviendas. Los inquilinos del barrio "Colinas del Pinar", se encuentran además en una zona natural protegida que está siendo afectada |
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